Requisitos para acogerse a la lay de la Segunda Oportunidad

• Insolvencia Actual: Se considera que un deudor está en insolvencia actual cuando no puede hacer frente a sus deudas en el momento en que estas son exigibles. 
• Insolvencia inminente: La insolvencia inminente ocurre cuando el deudor anticipa que, dentro de los tres meses siguientes, no podrá cumplir con sus obligaciones de manera regular y puntual.
• Las insolvencias anteriores son las insolvencias contempladas en la Ley de la segunda oportunidad 
• Insolvencia Probable: Este tipo de insolvencia, contemplada sólo en el derecho preconcursal, se refiere a la situación donde es previsible que, en caso de no alcanzarse un acuerdo de reestructuración de la deuda, el deudor no podrá cumplir con sus obligaciones que venzan en los próximos 2 años. Sin embargo, la insolvencia probable no permite acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, sino que habilita al deudor a solicitar el preconcurso. Ver preconcurso

Documentación y Demostración de Insolvencia:

Para demostrar la insolvencia, el solicitante debe presentar documentación que verifique su situación financiera, como estados de cuenta que muestren un flujo de caja insuficiente para cubrir las deudas vigentes. Es indispensable que esta documentación refleje claramente la incapacidad de cumplir con las obligaciones financieras, ya sea de manera actual o proyectada a corto plazo

La correcta presentación de pruebas de insolvencia es crucial para el éxito del procedimiento bajo la Ley de Segunda Oportunidad

• Entidades Bancarias y Financieras: Incluyen deudas por préstamos hipotecarios, personales, tarjetas de crédito, y otros productos financieros.
• Empresas y Particulares: Deudas contraídas por servicios recibidos o mercancías adquiridas.
• Administraciones Públicas: Deudas con Hacienda o la Seguridad Social, que también cuentan para el cómputo de acreedores según las últimas modificaciones de la ley

Es importante destacar que la ley solicita que el solicitante esté al corriente de pago de parte de algunas estas deudas, lo que demuestra la buena fe y la gestión responsable de sus compromisos financieros, aunque actualmente se encuentre en una situación de insolvencia.

• Deudas Privadas: La Ley de Segunda Oportunidad permite la cancelación de hasta, bajo ciertos requisitos, del 100% de las deudas privadas, lo que facilita considerablemente la liberación financiera de los individuos sobreendeudados.
• Deudas Públicas: En cuanto a las deudas con entidades públicas, se puede lograr la cancelación de hasta 10.000 euros de deuda con Hacienda y otros 10.000 euros con la Seguridad Social. Para las deudas públicas que excedan estos montos, se aplicará un plan de pagos, cancelado íntegramente los primeros 5.000 euros y el 50% de la cantidad que exceda hasta el límite establecido 

Excepciones y Consideraciones:

Es importante destacar que ciertas deudas están expresamente excluidas de la exoneración bajo esta ley. Estas incluyen las deudas por alimentos y los costos y gastos judiciales, que deben ser manejados aparte de las disposiciones de esta ley

• Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: Incluyen delitos como el hurto, robo, extorsión, estafa, y otros que afectan la propiedad ajena o la estructura económica 
• Delitos de falsedad documental: Relacionados con la creación o modificación ilegal de documentos para obtener beneficios económicos 
• Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social: Defraudaciones que superen los 120,000 euros, evadiendo responsabilidades fiscales y de seguridad social 
• Delitos contra los derechos de los trabajadores: Infracciones que supriman o restrinjan los derechos laborales de los trabajadores

Condiciones para la Cancelación de Deudas:

• Los solicitantes no deben haber sido condenados por los delitos mencionados en los últimos diez años previos a la solicitud de exoneración.
• Es fundamental que no exista una sentencia firme que declare al solicitante culpable en el concurso de acreedores, ni que haya proporcionado información falsa o engañosa en el proceso

Para aquellos que han cumplido con su responsabilidad penal y han pagado las multas derivadas de delitos menores, y cuyos antecedentes penales han sido cancelados, aún podrán acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

• Para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, es esencial no solo no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, sino también no tener sanciones graves que pueden afectar la elegibilidad en los diez años anteriores a la solicitud.
• Sanciones por Delitos contra la Hacienda Pública: Se refiere a defraudaciones que superen los 120,000 euros, lo que indica un abuso grave del sistema fiscal y de seguridad social
• Infracciones en Seguridad Social: No cumplir con las obligaciones de cotización, falsear documentos relacionados con la seguridad social, o emplear trabajadores sin contrato.
• Sanciones contra el medio ambiente Haber sido condenado por delitos ambientales, como la contaminación del agua, del aire o del suelo, o la destrucción de espacios protegidos.
• Sanciones por Incumplimiento de Normativas de Protección al Consumidor  No haber sido sancionado por violaciones a las leyes de protección al consumidor, tales como publicidad engañosa, fraude en la venta de productos, o incumplimiento de garantías
• Sanciones Relacionadas con la Propiedad Intelectual Haber incurrido en infracciones graves en materia de propiedad intelectual, como la falsificación de productos, el uso no autorizado de marcas registradas, o la violación de derechos de autor

En todo caso  estas sanciones y sus responsabilidades se tienen que analizar por un abogado especialista en segunda oportunidad para ver si realmente van a evitar la exoneración de las deudas o son sanciones que se puedan soslayar

• Demostración de insolvencia: El solicitante debe probar que no puede cumplir con sus obligaciones financieras, de forma lo más transparente posible. Aportar datos sobre la  forma que ha sobrevenido la insolvencia.
• Historial de buena conducta: No haber sido condenado por delitos económicos o sociales en los últimos 10 años es crucial, ya que esto demuestra la integridad y la buena fe del deudor. 
• Esforzarse por un acuerdo extrajudicial: Haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos es un indicativo de la disposición del deudor para resolver sus deudas antes de recurrir a la ley. 
• Colaboración durante el proceso: El deudor debe colaborar activamente en la reestructuración de sus deudas y cumplir con todas las responsabilidades pactadas, reflejando su sinceridad y colaboración en el proceso.

• Exoneración mediante Liquidación de Masa Activa: Si el deudor optó por la liquidación de Bienes  en su proceso anterior, debe esperar cinco años antes de poder solicitar una nueva exoneración 
• Exoneración mediante Plan de Pagos: Para los casos en los que la exoneración se logró a través de un plan de pagos, el período requerido antes de una nueva solicitud se reduce a dos años 

Es importante para los solicitantes entender que cada caso es único y los tiempos pueden variar. Con la asesoría adecuada, es posible optimizar los tiempos y facilitar un desenlace favorable en el proceso de exoneración bajo la Ley de Segunda Oportunidad.

• Negociación con Acreedores: El deudor debía intentar llegar a un acuerdo con sus acreedores, lo que incluía la posibilidad de establecer quitas, esperas, o la dación en pago de bienes para saldar las deudas. Este proceso requería la intervención de un mediador concursal, quien facilitaba las negociaciones. 
• Documentación y Propuesta: Antes de la reunión con los acreedores, el mediador concursal debía enviar una propuesta de AEP, que incluía un plan de pagos detallado y las condiciones de las quitas y esperas propuestas. 
• Ventajas de alcanzar un acuerdo: Si se lograba un acuerdo, el deudor podía mantener su actividad económica, se suspendían las ejecuciones de créditos en marcha, y los créditos pendientes dejaban de devengar intereses. Esto proporcionaba un respiro financiero significativo al deudor.